Gobierno oculta cifras de femicidios por conservar alianzas e imagen

 

 

Gobierno oculta cifras de femicidios por conservar alianzas e imagen

Nicaragua se posiciona como el país con la taza de femicidios más alta de Centroamérica según organismos de derechos humanos, quienes aseguran que reformas a la Ley 779 impulsada por el gobierno buscan ocultar esta realidad para mantener imagen de país a costa de la vida de las mujeres

Valentina Gutiérrez

 

A Soledad López la encontró uno de los vecinos en un charco de su propia sangre, en la cocina de la casa donde laboraba como trabajadora doméstica en Matiguás, Matagalpa. Ella cuenta que su marido había logrado al fin, luego de meses de búsqueda, dar con la dirección de su lugar trabajo, y llegó dispuesto a matarla a puñaladas.

Y casi lo logró. En ese entonces la 779 no existía y ella, tras recuperarse en el rústico centro de salud a la entrada de la ciudad, sólo pudo acusarlo de intento de homicidio. Por burocracias del proceso judicial, el caso fue archivado. Soledad cree que esa conocida parsimonia ante la violencia de género sirvió para terminar de empujar a su esposo hacia su crimen.

“Al final el no pagó por lo que hizo pero yo tengo que seguir viendo para adelante, aunque tal vez si la Ley (779) hubiera existido en aquél tiempo, el hubiera podido ir a la cárcel o no se hubiera atrevido a hacer lo que hizo”.

De retroceso

Hoy, sin embargo, los organismos de la sociedad civil y derechos de las mujeres creen que es probable que se esté retrocediendo en el tiempo a cuando casos como el de Soledad quedaban impunes, pues si bien con la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres ya existían discusiones sobre la falta de rigurosidad en su aplicación, a eso se le suma ahora que este pasado 31 de julio fue promulgado el Decreto Ejecutivo 42-2014 para su reglamentación.

Dicho decreto establece entre otras cosas que el objetivo de la Ley 779 es “garantizar el fortalecimiento de las familias nicaragüenses”, lo cual según Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), “cambia por completo el sentido original de la Ley”, pues esta fue diseñada “para dar una respuesta a la problemática de la violencia contra las mujeres y no para mantener unidos núcleos familiares a disfuncionales”.

De hecho, según la promulgación original en La Gaceta, el objeto de la Ley 779 es “establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder”, lo cual, como afirma Flores, parece ir en sentido contrario de la nueva interpretación de la Ley.

Pero los cambios no sólo son conceptuales, pues el reciente decreto establece además que las mujeres que sufran de violencia intrafamiliar deberán acudir a Consejerías Familiares antes de ir a la Policía, lo que Flores afirma entorpece aún más el acceso a la justicia, pues tales consejerías están compuestas de líderes religiosos o comunitarios “que no están propiamente capacitados sobre violencia de género y cuyo rol será empujar a la mujer a preservar su relación y familia por sobre el propio bienestar”.

Flores considera que este decreto es una concesión del gobierno a favor de los reclamos de las iglesias y en perjuicio de los derechos de las mujeres. Igualmente, Magaly Quintana, directora de la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, opina que congeniar con la iglesia es uno de los principales intereses políticos por los cuales el Estado está obstaculizando los esfuerzos como la Ley 779 por erradicar la violencia de género, puesto que la iglesia dispone de un gran poder de influencia y movilización popular, cuyo valor político para el Estado es más importante que los derechos de las mujeres.

Las apariencias

Sin embargo, para Quintana el principal interés político detrás de estas reformas es la manera en como la visibilidad de la preocupante taza de femicidios en el país va en detrimento de la proyección de Nicaragua como el país más seguro de la región a la que apunta el gobierno.

“Como no pueden censurar las cifras de asesinadas, ya que están en todos los medios, entonces cambian la tipificación del femicidio dentro de la Ley para reducir la categoría indiscriminadamente.” afirma Quintana.

Católicas por el Derecho a Decidir monitorea casos de violencia de género y ha contabilizado 64 femicidios hasta la fecha de este año, un promedio de 1 femicidio cada 4 días; la cifra es cada año más elevada y se perfila como la más alta de la región centroamericana.

La Ley 779 originalmente establecía que el femicidio es el asesinato de una mujer por un hombre en “el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer (…), ya sea en el ámbito privado o público)”. Según Quintana, estos parámetros permiten reflejar el alcance de la violencia de género en su totalidad, por lo que ahora el Estado está tratando de maquillar la realidad usando reductores como el del comisionado general de la Policía Nacional Francisco Díaz, quien declaró que “femicidio es que el hombre que le da muerte a una mujer tiene un vínculo afectivo con ella”.

El cambio

Quintana cuenta el ejemplo de María Esther Lazos Flores, una joven que apareció muerta el mes pasado en San Ramón, herida por una bala de la pistola de su novio, pero cuya muerte la Policía insiste en catalogar de suicidio. Para Quintana este es tan sólo uno de los tantos casos que muestran la manipulación y el daño del cual son capaz las autoridades para mantener las apariencias a nivel internacional.

En vista de la recurrencia de casos como este, tanto Flores como Quintana recalcan lo imperativo de un Estado que garantice la aplicación de la Ley 779 conforme a su estipulación original y no a lo establecido por el decreto recientemente promulgado. Esto, afirman, debe asumirse además en conjunto con la búsqueda por un cambio cultural que permita no sólo castigar a todos los femicidas, sino también frenar de raíz la epidemia de femicidios.